EUROPA: CRISIS POLÍTICA
Decía con total desfachatez hace ya unos días Angela Merkel que Europa está sufriendo la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Parece que los perversos ciclos de la historia se repiten inexorablemente. Pero las crisis no se reproducen por generación espontánea sino porque, como manifestaba Rilke ante la devastación de la Gran Guerra, a los políticos, para su vanidad e interés nacional, nunca les bastaban los sacrificios de los demás. Ahora habría que sumar a esta ecuación la depredación de los mercados financieros, auténticos factores de crisis política estatal y global. Tras cada ciclo en el que, como señala Steiner, Europa ha demostrado históricamente una extraordinaria capacidad de autodestrucción, se encuentra un afán de dominación política, de imposición de ideas y de negación de intereses comunes. Quien siempre ha perdido ha sido el ciudadano europeo, víctima de errores, ensoñaciones megalómanas o de la mala fe de gobernantes para los que Europa no es más que un tablero en el que jugar sus propias cartas.
La actual crisis financiera y de deuda pública que ha repercutido directamente en la economía real ahogando a estados, empresas y particulares por falta de liquidez y de crédito, también ha supuesto un serio embate tanto contra el modelo de construcción europea como contra la capacidad de auto organización política de los estados miembros de la Unión. Se ha demostrado que la globalización de la economía basada en estrictos criterios ultra liberales prescinde de todos aquellos elementos que son contrarios a la lógica de los mercados, especialmente a la capacidad de ejercer un control real sobre el modelo de sociedad que libre y democráticamente decidan establecer los pueblos europeos. Se ha constatado, en definitiva, la fragilidad de la Unión Europea y de los estados que la componen y su absoluta interdependencia respecto al poder económico mundial.
Así, cuando los mercados deciden actuar especulativamente contra los países de la Unión más débiles o en dificultades con el fin de obtener altísimos beneficios a corto plazo, jugando con ellos como los gatos con el ratón antes de comérselo, no hemos visto una reacción de aquellos países que, por su capacidad económica, podrían haber resuelto tales ataques rápida y limpiamente. Llevamos meses contemplando el obsceno espectáculo de Alemania y Francia castigando a Grecia o Portugal, dejando que se desangren en este ajuste salvaje propiciado por Berlín y París, viendo países a los que los mercados han abandonado a su suerte porque tenían dudas sobre si iban o no a poder devolver una deuda asumida a tipos de interés imposibles. Y mientras tanto, los ricos y poderosos sonriendo y saludando. Y no solo eso, sino que esta situación favorece a aquellos a los que financiarse no les cuesta nada o incluso ganan dinero con la mala situación de terceros.
Es obvio que la Unión Europea, como organización supranacional de integración económica, ha fracasado con estrépito. La razón es doble: falta de voluntad política para atajar la sangría de los más pobres que han vivido por encima de sus posibilidades y a los que hay que devolver a su estatus de menesterosos y una arquitectura institucional europea que limita, si así se desea, la capacidad de actuación común para contrarrestar el juego especulativo de los mercados de capitales.
El Tratado de Lisboa no ha sido el instrumento que Europa necesita para afrontar esta crisis pues se limita a consagrar un juego de poder intergubernamental en el que la Comisión, como órgano de defensa del interés comunitario, no posee ninguna capacidad de decisión. Es triste ver a José Manuel Durao Barroso haciendo de conciencia de unos líderes despiadados. Tampoco el Parlamento Europeo hace otra cosa que reafirmar las medidas de rescate necesarias a cambio de un férreo control de los rescatados y de la promesa de sanciones a los que no cumplan los estándares pactados entre los países ricos. Pero es que, además, ni el propio Consejo europeo, representación del estricto poder intergubernamental, está actuando de manera transparente. Los pobres no poseen una capacidad real de participar en el proceso de toma de decisiones so pena de ser maltratados por quienes teóricamente deben propiciar soluciones aceptables por el conjunto. Y qué decir del Banco Central Europeo. Su capacidad de participación en la economía comunitaria es mínima en términos de regulador de las tensiones financieras. El Tratado de Lisboa no dio el paso de incorporar una regulación de fondo en la que el BCE actuara como corrector de movimientos especulativos de los mercados. Se mantiene el modelo que en su día propició Margaret Thatcher y que la Unión incorporó convirtiendo a los estados en piezas del juego financiero. No hay red en este circo.
La reforma anunciada del Tratado de Lisboa, lejos de garantizar una salida transparente y democráticamente aceptada de la crisis creando los instrumentos necesarios para alcanzar una gobernanza sostenible del conjunto de la Unión, se anuncia como una maniobra de protección de la eurozona, una reforma para el grupo de los 17 mandado por un órgano intergubernamental -el Eurogrupo- con reglas jurídicas y políticas distintas y separadas de las del resto de los miembros.
El objetivo del nuevo texto es, por una parte, el de crear un sistema institucional reforzado con la figura de un superministro de economía y finanzas y vicepresidente de la Comisión. Materialmente, por otra parte, el nuevo tratado va a permitir un control eficaz sobre los presupuestos nacionales y, por tanto sobre el gasto social de cada miembro que, en todo caso, deberá ser sostenible. Va a garantizar, en fin, la armonización de los sistemas fiscales estatales. En este nuevo escenario, el Parlamento Europeo es el gran ausente. No ha contado en la crisis y no lo hará en la Europa refundada. El eje franco-alemán no admitirá reservas de países que pretendan mantener su autonomía a la hora de fijar el umbral de gasto público. Los parlamentos nacionales, lógicamente, carecerán de margen para establecer políticas públicas fuera de los estrechos límites del déficit máximo admisible. Las sanciones por el pecado de decidir las políticas nacionales serán durísimas contramedidas.
La conclusión de todo lo apuntado es tan clara como alarmante: la Unión del futuro inmediato se va a construir sobre bases macroeconómicas impuestas por un núcleo de estados cuyo catecismo es la ortodoxia liberal y donde los mercados han suplantado a la democracia. El Parlamento Europeo no defenderá los intereses de los ciudadanos a los que debería representar y los parlamentos estatales no discutirán ni definirán modelos de construcción social.
En definitiva, va a dar igual quien posea mayoría, pues el poder parlamentario estará mediatizado por factores ajenos a la voluntad popular. Esto no es refundar Europa sino reformular, en mitad de la partida, las reglas de juego sobre las que los Estados continentales decidieron construir hace más de 50 años un futuro en común.
